La Fiscalía solicita dos años y medio de prisión para un constructor de Cariño

El Ministerio Fiscal acusa a un constructor de Cariño de un delito de insolvencia punible por el que interesa que se le imponga la pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 4.860 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita que se declare la rescisión de la transmisión de una finca situada en la avenida de Galicia de As Pontes y su restitución al patrimonio del acusado para que pueda ser objeto de ejecución forzosa o, en el supuesto de que se demuestre que el comprador actuó de buena fe, que el procesado restituya el precio recibido por ella.

Los hechos a los que se refiere esta causa instruida por el Juzgado de Ortigueira son consecuencia de una sentencia dictada en febrero de 2011 y ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de A Coruña por la que se condenaba al administrador único de Promociones Romalde SLU, A.R.T., a abonar a una familia la suma de 123.497 euros, con los correspondientes intereses legales, por una casa que les construyó y cobró en parte pero que nunca llegó a entregar.

Los beneficiarios en este fallo judicial eran Generosa Orizales, junto con su esposo y una hija, que son los que ahora siguen adelante con el litigio, porque la mujer, que padecía ELA, una enfermedad degenerativa, falleció sin haber cumplido el sueño de disfrutar de una vivienda adaptada.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, siendo consciente de su obligación de devolver el dinero a los compradores, con el propósito de evitar que el único inmueble de su propiedad libre de cargas pudiese verse afectado por el pago de la cantidad a la que había sido condenado, en febrero de 2011 el acusado vendió una finca consistente en una casa de planta baja, piso y desván que tenía en la avenida de Galicia de As Pontes. El valor de esta propiedad se ha fijado entre 55.000 y 60.000 euros y la enajenación de la misma imposibilitó que fuese embargada.

A la Fiscalía no le consta que el comprador tuviese conocimiento del propósito del acusado ni de la existencia de la deuda y de la sentencia condenatoria.

Acusación particular

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el viudo, José Francisco Morales, y una hija de la fallecida, que están representados en este procedimento por el abogado ferrolano Juan Ramón Niebla, solicita para A.R.T. las penas de cuatro años de prisión y 4.860 euros de multa como presunto autor de un delito continuado de insolvencia punible. En cuanto a la responsabilidad civil, interesa, al igual que el fiscal, la restitución de la finca vendida para que pueda ser embargada o el importe que cobró el acusado por la misma.

José Francisco Morales recuerda que la compra-venta del chalé se firmó en el año 2004, cuando todavía estaba en fase de construcción, y que su familia abonó una parte importante de la misma. Asegura que resulta ilógico y totalmente injusto que el promotor pueda no entregar la vivienda, después incumplir la sentencia de forma reiterada y más tarde vender sus propiedades, todo con el fin de evitar ser embargado.

[lavozdegalicia.es]